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Cornuti e…

El Ministerio de Economía y su titular, el señor De Guindos, enfatizaron en la presentación de la reforma del sistema financiero que no tendrá coste alguno para el contribuyente. Esta declaración no es distinta de la que hizo el expresidente Rodríguez Zapatero cuando España se sumó al préstamo a Grecia o de la que realizó el gobierno irlandés* cuando comenzó a apoyar a su banca poco antes de tener que pedir un rescate/secuestro al FMI.

El tiempo dará y quitará razones, pero parece inevitable que el rescate de las cajas y bancos españoles nos va a costar una fortuna. Juan Rallo estimaba en 300.000 millones de € el coste de restructuración. Para los menos aficionados a la macro, ese importe supone 20.000 € adicionales en impuestos por trabajador del sector privado, y es equivalente a 20 planes E o a 200 años del PER (no me perdería a Durán i Lleida divagando sobre estas cifras si es que para cuando se conozcan las pérdidas reales sigue en la vida pública).

Para mayor desgracia, este coste no tiene por qué suponer, y casi seguro no supondrá, mejoras en la situación del crédito en España, tal como hemos visto en el caso irlandés.

Un repaso a las recientes crisis bancarias y al apoyo que los Estados de otros miembros de la UE han prestado a sus entidades nos permite ver que, si no maniobramos rápidamente, las cifras de Rallo parecen una descripción verosímil de los daños que sufrirán las cuentas públicas.

El estudio de Reinhart y Rogoff sobre las crisis bancarias de los 80 y 90 nos muestra una perspectiva poco halagüeña: las crisis de los 80 y 90 se han saldado con un coste de rescate que para Japón puede ser del 24%, para Suecia del 6% y para Chile del 41% del PIB.

Gráfico 1: Coste del rescate de la banca en los 80 y 90 (Rogoff y Reinhart)

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Sin embargo, opacidad y crisis bancarias van de la mano, y es muy llamativo que ni siquiera hoy sepamos cuál fue exactamente el coste. Es cierto que los resultados en el negocio bancario son meras proyecciones y no es extraño que Lehman Brothers luciera beneficios poco antes de quebrar. Del mismo modo, las cuentas de la banca española no son creíbles ni lo serán a pesar de que la reciente reforma financiera es un paso en la buena dirección para reconocer pérdidas. La cifra del 5% que declara De Guindos como el volumen de pérdidas que debe aflorar del sector supone un tímido reconocimiento, es verdad. Sin embargo, esta cifra ha sido elegida porque no compromete la solvencia del Estado, y no porque responda a la realidad del sistema financiero.

De hecho, que una pequeña entidad (con un 5% de cuota de mercado) como la CAM necesite un esquema de protección de 16.000 millones después de las ayudas del FROB y el FGD es un indicador de la gravedad de los problemas y de la rapidez del deterioro.

Así, puede afirmarse que esta crisis bancaria es peor que la de los 90: el apalancamiento y la sobrevaloración de activos han alcanzado cotas ridículamente absurdas y que generarán pérdidas mayores al final del proceso. Si tomamos los importes que ya han comprometido los Estados en el apoyo a la banca, nuestra preocupación no se verá aminorada. España, patria de la burbuja inmobiliaria y de la expansión desenfrenada del crédito, difícilmente va a poner menos que otros países europeos como Holanda, Bélgica o Reino Unido, y todos ellos iban en 2010 por encima del 20% del PIB.

Gráfico 2: Presupuesto público dedicado a reflotar la banca  (Comisión europea: Enero 2010)

 

Nuestros políticos, reguladores y gestores del sistema financiero tienen una experiencia que poco o nada tiene que ver con esta coyuntura. En la anterior crisis, la estrategia fue esperar y ver, con devaluaciones agresivas y una inflación anual superior al 5%. Con más pena que gloria, se consiguió salir del hoyo. Ahora lo que tenemos entre manos es un coste del capital entre el 5% (Estado) y el 12% (entidades intervenidas), y un IPC menor al 2%. Ahora, esperar y ver solo nos lleva a una lenta mas segura agonía.

Bien es verdad que hay provisiones, capital y reservas que son notables, de casi el 60% del PIB (http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a0402.pdf); pero respaldan unos créditos que son el 330% del PIB (http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a0401.pdf). Si será o no suficiente, solo el tiempo lo dirá -pero todo indica que no.

Lo que sí hay que celebrar es que se haya producido un ligero aceleramiento en el reconocimiento de las pérdidas, y que el plazo (12-24 meses) se haya negociado con Europa y el BCE, como se infiere de las últimas subastas de deuda. Además, ese reconocimiento y esa negociación del plazo parecen ligados a un plan de financiación a corto plazo del BCE (la renovación de esta financiación es otra historia y será contada en otro lugar). Hoy mismo podemos ver cómo la banca española copa el 40% de la barra de liquidez.

En resumen:

1) La reforma financiera es un paso en la buena dirección en cuanto a reconocimiento de pérdidas, aunque parece insuficiente a tenor de la comparativa internacional e histórica (costará entre un 20% y un 30% del PIB: eso hay que pensarlo, y que decirlo).

2) Las pérdidas para el Estado no están acotadas, han aumentado ya los compromisos de deuda del Estado y causarán con seguridad déficit.

3) La reactivación del crédito no es esperable, es más, el escenario más probable es que se siga acusando contracción del crédito y crowding-out.

A todo esto habría que añadir que la reducción de las retribuciones a los directivos también es merecedora de aplauso, pero resulta insuficiente a la vista de los resultados esperados para el sector, y no debería servir como cortafuegos de las exigencias civiles y penales que se derivan de la gestión que de estas entidades se ha hecho. La fiscalía, la abogacía del Estado y el parlamento deben defender el patrimonio público. En este sentido, UPyD ha propuesto la creación de una comisión de investigación que esclarezca esta situación, además de instar a que actúe la fiscalía.

En conclusión: España no podrá rescatar a su banca aunque los partidos políticos pretendan que nos embarquemos en tan temeraria aventura y Europa se lo facilite. Urge promover una solución europea que implique un canje de deuda por capital en las entidades que han quedado descapitalizadas.

La socialización de estas pérdidas solo conduciría al naufragio de una generación y, más que probablemente, de un país.

Ahora bien: que cada uno se crea lo que quiera cuando le dicen que la vida es así… y no lo volveré a hacer más.

 

* Reproduzco las líneas más jugosas de las argumentaciones políticas en Irlanda que ha compilado Juan Manuel Vega Serrano. Que el lector haga, si lo estima oportuno, los correspondientes paralelismos.

Inicialmente, las autoridades irlandesas se mostraron optimistas, al menos públicamente, sobre los costes previsibles de la crisis bancaria. Aunque el 30 de octubre de 2008 el ministro de Finanzas Sr. Lenihan había declarado que la garantía conferida a los bancos «no era un rescate», pronto la línea argumental del Gobierno varió, pasando a asegurar que se trataba del rescate más barato de la historia (the cheapest bailout in the world so far) y que el Tesoro recibiría como compensación en torno a 2.000 millones de euros. Naturalmente, estos supuestos «beneficios» fueron casi inmediatamente erosionados por el incremento en los costes de financiación de la deuda pública irlandesa causado por la garantía incondicionada conferida por el Estado a 440.000 millones de euros de deuda bancaria (monto que más que duplicaba holgadamente el total del PIB irlandés).

Adicionalmente a los costes indirectos derivados del aumento del diferencial soberano irlandés, los costes directos para el contribuyente se empezaron a hacer evidentes. En diciembre de 2008, el Gobierno comunica que tanto Allied Irish Banks (AIB) como Bank of Ireland requieren una inyección de capital público de 2.000 millones de euros, además de la posible suscripción por el Estado de 1.000 millones de euros en nuevas acciones. En febrero de 2009, la «factura» ya se eleva a 7.000 millones de euros (3.500 millones por cada banco), sólo para reconocer en abril que ambos bancos necesitarán inyecciones adicionales y la «limpieza» de sus balances mediante la creación de un «banco malo» (la NAMA, v. supra). En marzo de 2010, las cifras se sitúan en 7.400 millones para Allied Irish Banks, 2.700 millones para Bank of Ireland, 2.600 millones para Irish Nationwide BS y 875 millones para Educational BS. La cuantía para Irish Nationwide se eleva a 3.200 millones en agosto de 2010 y a 5.400 millones tan sólo un mes después, cantidades que no dejan de sorprender tratándose de una building society con 14.400 millones de activos y cuyo peso en el sistema financiero irlandés no supera el 2 por 100. Sin embargo, el caso más grave es el del Anglo Irish Bank. Nacionalizado en enero de 2009, los costes de la intervención no han hecho sino incrementarse, hasta alcanzar cifras verdaderamente inauditas: 4.000 millones de euros en mayo de 2009, 12.300 millones en marzo de 2010, 22.300 millones en abril, etcétera. El 30 de septiembre de 2010, el Banco Central de Irlanda informa que ha procedido a estimar la inyección de capital necesaria para que Anglo Irish Bank cumpla con los requisitos regulatorios mínimos: en el escenario base o central la cifra se situaría en 29.300 millones de euros, que podrían incrementarse en 5.000 millones adicionales en un escenario de estrés. De confirmarse estas cifras (que no son meras estimaciones de analistas) el coste del rescate de esta única entidad se situaría en el 18,35 por 100 del PIB nacional (en el escenario base) y en el 21,49 por 100 (en el escenario de estrés).

Añadiendo las inyecciones de capital realizadas en las restantes entidades, el importe total del rescate podría situarse en el entorno de los 50.000 millones de euros (un casi increíble 31,32 por 100 del PIB irlandés), a los que habría que sumar los costes de dotación de la NAMA.

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