El Estado deja de ingresar más de 5.000 millones de euros al año por la ayuda, vía desgravación, a quienes compraron su primera vivienda y aseguran utilizarla de un modo habitual. Si tomamos el acumulado 2000-2010, el importe es mayor que el rescate a la banca financiado por Europa.
La deducción por compra de nuevas viviendas, pese a la contumacia del Partido Popular, fue eliminada desde este ejercicio 2013. Se mantiene, no obstante, el apoyo a la compra de primera vivienda para el ejercicio de renta 2012 comprada antes de la supresión de la ayuda. Es un derecho adquirido.
Este derecho adquirido podría ser suprimido cambiando el reglamento del IRPF y, si tuviera que apostar, creo que veremos llegar dicho cambio más bien pronto que tarde. ¿Atentaría esto contra la seguridad jurídica al implicar retroactividad? No: sería un cambio retroactivo si se revisaran las liquidaciones de 2011 y anteriores. Que no se deba acometer dicho cambio es, para ser exactos, un pacto tácito con cierta vocación de permanencia. Resulta tan arduo propiciar una transformación como esta como lo será cambiar el régimen foral, lo fue eliminar el diezmo o el derecho de pernada, o incluso arrinconar cierta prerrogativa merengue de imponerse al Atleti.
Sin embargo, con 5.000 millones de euros al año se podría ofrecer vivienda en alquiler social a más de un millón de hogares. En un plazo corto, y sin que afectara al déficit y por tanto sin exponernos a nuevos sobresaltos en el mercado de deuda, puede ofrecerse una solución a miles de familias que tienen que lidiar cada día con la amenaza de ir a dar con sus huesos en la calle.
Pero no parece que haya voluntad alguna de proponer soluciones complejas y sostenibles (¡ahora que todo tiene que ser sostenible!) a un problema de tan hondo calado social y emocional como este. El público parece decantarse por debates en los que un indefinido nosotros pide a un más abstracto todavía ellos que ponga fin a un supuesto genocidio. Es triste ver a la izquierda más sentimental, tradicional e irreflexiva sostener una lógica con el poder en la que asume el papel de un súbdito o un criado que tratara de obtener prebendas de los poderosos y de, a ser posible, amarrarlas. Me pregunto por qué se ha introyectado hasta ese punto el rol del súbdito, por qué somos tan reactivos a asumir nuestro papel de ciudadanos y hacernos cargo de hecho del poder, con toda la carga de derechos y con sus correspondientes obligaciones.
Lo que me propongo ahora es deconstruir la mentalidad política española más popularizada en el presente, a saber: la de que las familias españolas están en su mayoría hipotecadas y que, por ende, proteger a los hipotecados es proteger el bien común. Quiero mostrar por qué en el debate público se desliza peligrosamente la identificación «familia» e «hipoteca» y por qué dicha ecuación no solo es falsa sino también perniciosa. Y digo «deconstruir» porque, en el proceso de destrucción de la ficción de marras, pretendo señalar, a un tiempo, su genealogía. De ese modo se pondrá de manifiesto el procedimiento y las razones por las que el mito de «la España hipotecada» ha borrado sus propias trazas de mito y se nos ha presentado como el «hecho» más certero de nuestra realidad social.
Y es que ni el más organizado lobby podría haber construido mejor la fábula de que todos los españoles están hipotecados. Acaso no hay servidumbre más eficaz que la voluntaria. Pero el hecho es que, según la encuesta ECV del INE Octubre de 2012, solo el 29% de los españoles vive en una casa hipotecada. Y esta cifra presenta, además, una tendencia a la baja.
Aquí tienen el Gráfico 1: Régimen de tenencia de vivienda en España (ECV. INE Octubre 2012)
Por otro lado, si atendemos a las preocupaciones que afectan directamente a los ciudadanos y que se reflejan en el barómetro del CIS, la ansiedad que produce el paro multiplica al menos por 10 a la inquietud de los españoles por la vivienda.
Vean si no el Gráfico 2: Barómetro del CIS (Diciembre de 2012)
Últimamente es habitual referirse, para calificar algunos terribles suicidios que han tenido lugar, al genocidio de la banca y al terrorismo financiero. De ese modo, parece que la desesperación de los desahuciados hipotecados que ponen fin a su vida fuera parte del paisaje emocional español cotidiano. Pero no es eso lo que dicen los datos.
Según la OMS, en España hay menos de diez suicidios por cada 100.000 habitantes, muchísimos menos que en Cuba, EEUU, Suiza, Islandia, Suecia, Alemania. La mitad que en Francia, un tercio de los que hay en China y entre 3 ó 5 veces menos de los que hay en Japón, Corea del Sur o Rusia.
No se me malentienda: un suicidio es ya demasiado. Sin embargo, a la vista del número de hipotecas suscritas y el régimen de propiedad, no parece razonable establecer una correlación entre el número de suicidios y la que podríamos denominar crisis hipotecaria actual.
Fuente Wikipedia a través de OMS 2005
Otro dato: a pesar del apagón estadístico que se decretó en 2010 sobre este asunto, la última cifra que he podido conocer para ese año es de 3.145 casos, de los cuales un tercio podrían tener a la crisis económica como causa concurrente. Los 3.145 casos sobre 40 millones seguiría estando por debajo de 8 casos por cada 100.000 habitantes, que es el dato que la OMS daba para 2002.
Por tanto, solo en 2010 hubo unos mil casos de suicidio en los que la situación económica fue uno de los factores desencadenantes. Desde 2010 hay documentadas en prensa 12 muertes por suicidio ligadas a un desahucio. Luego son menos de un 1% de entre los que se suicidaron desesperados por la crisis. Puestos a buscar causas, parece razonable que el paro, la reforma laboral o los impagos que vienen sufriendo autónomos y empresas sean más determinantes a la hora de precipitar una reacción tan desesperada. Queda pendiente de investigación.
De manera que, sin pretender negar que existe una preocupación social por el aumento del número de desahucios y que se impone una solución política justa, generosa y prudente, no debe hacerse demagogia ni disparar todas las alarmas sociales por un uso cuando menos frívolo de los conceptos de genocidio o terrorismo. Primero, hemos de describir cuidadosamente el problema social, y veremos que la realidad es mucho más compleja de lo que a primera vista puede parecer.
Y, una vez caracterizado el problema social, convendría reparar en la maraña de intereses que mancomuna a empresas, sobornadores de partidos políticos y legisladores propietarios. Evidentemente, sobre todos estos factores tenemos muchos menos datos, pero si atendemos a los elementos más grotescos que han salido a la luz últimamente podremos formarnos un mosaico rudimentario del estado de la cuestión.
He aquí el Gráfico 4: Ranking de hipotecados en el Congreso y en el Senado (merecen, por cierto, mención especial el CiU team, así como el prometedor secretario del PSOE Óscar López y, cómo no, Andrea Fabra, quien, a pesar de que su familia se ha visto favorecida por un azar bien generoso, no cabe duda de que quiere reducir su factura fiscal y tiene una gran hipoteca)
Un breve desglose: entre los 9 ministros diputados tienen un total 23 viviendas. También es destacable el caso de la presidente de la CNMV, Elvira Rodríguez, que, con cinco viviendas en propiedad (dos de ellas en Madrid), ha cobrado dietas de alojamiento por estar desplazada en la capital (!). Sin duda, el caso más destacado es el del diputado del PP Fernando López Amor, con nada menos que 32 viviendas en propiedad.
Una tercera parte del total de los diputados poseen más de tres viviendas: es comprensible que sean sensibles a la evolución de sus precios. En cualquier otro ámbito diríamos que hay conflicto de intereses, y quizá por eso les preocupa más el mantenimiento del precio de la vivienda que esa especie de maldición bíblica que es el 60% de paro juvenil. Tampoco parece preocuparles que el Estado tenga una inversión inútil en ladrillo a través del SAREB y FROB. Una inversión, por cierto, mucho mayor que el presupuesto en educación.
Vean la radiografía de las propiedades de los diputados: http://www.idealista.com/news/archivo/2012/02/22/0405271-un-tercio-de-los-diputados-posee-tres-o-mas-viviendas .Con sus más de 1.000 viviendas en propiedad, más parecen una inmobiliaria que un grupo de parlamentarios.
Que solo once diputados no posean vivienda (3%) es representativo del sesgo que afecta a quienes se espera que promuevan una legislación al respecto. En cualquier otro contexto dicho sesgo, insisto, los invalidaría como legisladores por conflicto de intereses. No obstante, si tenemos en cuenta que en el exiguo grupo de quienes optan por otra alternativa a la vivienda en propiedad están Elena Valenciano o González Pons, el sentido común nos urge a sospechar que ciertas estructuras societarias adelgazarían aún más esta raquítica cifra.
Sería muy deseable asistir a un strip tease inmobiliario de los directivos de prensa. A falta de tan deseable espectáculo, pensemos en un dato tan objetivo como público: el enorme peso de los anunciantes que tienen que ver directamente con el sector inmobiliario en los medios de comunicación es una penosa realidad cotidiana (y a propósito de esto: los oyentes de Onda Cero estamos tan saturados de GILMAR que no se extrañarán del desparpajo con que antes me refería al Atleti).
No obstante, más allá de si existe un interés particular de ciertos sectores sociales en proteger el precio de la vivienda y la situación de los hipotecados, y más allá de si el debate sobre los efectos devastadores de los desahucios puede matizarse para mejorar la calidad del debate, hay que abordar la pregunta que ahora mismo está en el aire: proteger a los hipotecados, ¿es de derechas o de izquierdas?
A estas alturas creo que podríamos convenir que es más bien de zoquetes, de cobardes, de malvados o de insensibles, y de esos los hay a babor y a estribor.
Ps1: Seguramente sea hilar muy fino, pero ni siquiera a los hipotecados les conviene esta ayuda: reduce el potencial de la economía española que, en el largo plazo, determina el valor de sus propiedades. Pero es que en el corto plazo las ayudas del gobierno las pagan los ciudadanos, bien sea por subida de impuestos o bajada de prestaciones.
