Y el desempleo, ¿qué? ¿otra vez campeones de Europa?

El mercado de trabajo en España es, como lo ha sido siempre, un desastre. Podemos decir que en España, y con casi cuatro décadas de desfase, la legislación laboral tiene todavía pendiente la transición a la democracia. No es casualidad que aquí no exista aún una ley de huelgas que proteja derechos y delimite obligaciones a gobiernos, empresarios, sindicatos y trabajadores. Tampoco es de extrañar que siempre que se haya introducido flexibilidad en el mercado de trabajo haya sido a costa de precarizar los nuevos empleos y blindando derechos adquiridos. El pomposamente denominado diálogo social ha configurado este infame apartheid en que nos toca vivir y que, como bien define el profesor de la Universidad Carlos III de Madrid J.J. Dolado, nos aboca a un panorama sorprendente, a saber: la disparidad del status laboral produce dos realidades tan distanciadas que se puede decir que, en este país, unos trabajadores viven en Hong Kong y otros en el Kremlin.

Partiendo del paternalismo franquista y digiriendo con retraso la crisis del petróleo de los 70, el PSOE abordó en la década de los 80 la reconversión industrial y la entrada de España en la CEE. En aquella coyuntura el paro se disparó y la respuesta fue (¿adivinan?) precarizar el empleo temporal, manteniendo el modelo heredado del Generalísimo en lo que atañía a los contratos indefinidos. Desde entonces, las sucesivas reformas laborales han tenido como patrón la convivencia del mantenimiento de derechos de los insiders con el empeoramiento de las condiciones para los outsiders. Esta brecha entre unos y otros hace que, como señalaba Conde Ruiz, un 45% de los que eran empleados con contrato temporal a los 20 años lo siga siendo a los 40. En resumidas cuentas: el trabajo es algo demasiado serio como para dejarlo únicamente en manos de trabajadores y empresarios que no lo son.

La temporalidad laboral unida a la indigente cultura económica y empresarial son males endémicos en España que fueron camuflados -que no corregidos- por la burbuja inmobiliaria -quizás sería más exacto decir «flatulencia inmobilaria», pero por razones de decorum haré preterición de lo dicho. La obstinada realidad se empeña en arrojarnos a la cara la desnuda realidad empresarial española: y es que muchos patrones españoles no están a la altura. De manera que nos hacemos un flaco favor pertrechando nuestra confianza tras el mito de la micro-PYME como piedra filosofal para la recuperación; pero ese será otro tema y se abordará en otro lugar. El peso del turismo y la estacionalidad ligada al mismo han servido como coartada para tolerar una temporalidad laboral sencillamente inaceptable. En este nuestro desierto apto para casinos, en torno al 90% de los nuevos contratos son temporales y su duración en el 20% de los casos no supera la semana. ¿Cabe esperar algo positivo de un sistema productivo pensado para que el mundo no llegue a la primavera? No es de esperar que con semejante horizonte a la vista los trabajadores aprendan gran cosa en su puesto de trabajo, ni parece que a los empresarios les importe demasiado.

La temporalidad, pues, condena a los trabajadores a rebajar sus miras no solo en lo que atañe a sus proyectos personales, sino también en su propio desarrollo profesional. El contrato único con indemnización creciente es la medida más necesaria para lograr un marco jurídico más justo y eficiente. Como señala Conde-Ruiz, y en contra de una creencia largamente albergada por la doxa económica y mediática, el marco legal permite modificar la realidad: el carnet por puntos o la ley antitabaco son ejemplos de que con voluntad se pueden cambiar hábitos muy arraigados. Politikon, UPyD o Fedea son cualificados paladines del contrato único, una medida que sin duda España acabará adoptando. Y es que, como bien decía Roger Senserrich en la tertulia de Politikon del mes de febrero*, el contrato único ya está en la agenda de reformas. Primero se ignoró, después se dijo que era contraproducente y, en estos momentos, la objeción que se esgrime para evitar darle curso es que es difícil de implantar. De manera que el calendario de regulación del contrato único está todavía envuelto en esa nebulosa con que este gobierno suele arrebujar todos los asuntos importantes.

El efecto positivo de abandonar el estado de excepción permanente que supone cargar todos los ajustes del mercado de trabajo sobre los empleados temporales ni será inmediato ni tan potente como para paliar todo el daño que ha sufrido y sufre la economía española. Por ello, al margen de esta medida, que es la más importante, hay que acometer otras acorde al estado de emergencia que vive España.

Pero lamentablemente, una medida de este tipo, o como la que el paciente lector encontrará unos párrafos más adelante, es muy poco compatible con el collage de las 100 medidas para el empleo que el gobierno está impulsando. Es una pena que el gobierno intente simular que hace algo y genere titulares en lugar de reformas. La distinción que presupone y que se pretende bienhechora al administrar bonificaciones para nuevas empresas y colectivos con mayor desempleo es garantía de fracaso y, por tanto, de que una vez más las empresas y trabajadores del establishment continuarán disfrutando de sus privilegios. La propina es la mejor manera de cronificar la exclusión. Ojalá algún día presenciemos una verdadera competencia por el liderazgo en sectores clave, y que el crecimiento de empresas medianas amenace la posición de las grandes que se duerman en los laureles. Pero la ineficacia probada no es el camino, y a la sociedad civil informada le cuesta volver a deglutir el milagro de Fátima, sazonado como está de inescrutables misterios.

Con este panorama, mal pinta 2013 e incluso 2014. Solo un buen verano en el sector del turismo nos permitirá ver unas cifras sobre las que volver a fantasear con brotes verdes. Mas ¡ay! de la contracción en la zona euro y el Reino Unido, donde además la libra está depreciándose a gran velocidad. Las malas perspectivas de nuestros antipáticos vecinos no nos lo ponen fácil, y es dudoso que este año nos brinden la oportunidad de demostrar la estupenda hospitalidad hispana. Los conflictos en Iberia y en importantes touroperadores podrían terminar de estropear la moto de los 100 trukis seguros para crear empleo de la ministra SuperPop. Veremos. En una de estas hasta va y dimite la patrona de Almonte.

Y usted, ¿qué haría? Una propuesta para el empleo

Junto a la regulación del contrato único, y para imprimir cierto ritmo al mercado laboral, una medida simple y fácil de comunicar sería premiar a las empresas (y sus trabajadores) que apuesten por la creación de empleo de manera sostenida en un plazo no menor de dos años. Se trataría de una medida innovadora e híbrida que puede contentar a un tiempo a liberales que reclaman bajadas de impuestos y a socialdemócratas que defienden «estímulos» al empleo.

La propuesta que preparé junto a Manuel Sarachaga (a quien doy gracias por su paciencia y por todo lo que me enseña) se concretaba en:

AÑO 1: rebaja del 10% de TODAS las cotizaciones sociales para TODAS las empresas que se comprometieran y consiguieran incrementar sus empleados indefinidos en un 10%

AÑO 2: rebaja del 12,5% de TODAS las cotizaciones sociales para TODAS las empresas que se hubieran comprometido en el AÑO 0 a incrementar sus empleados indefinidos un 10% y lo hubieran cumplido en el AÑO 1 y 2

AÑO 3: Rebaja del 15% de TODAS las cotizaciones sociales para TODAS para TODAS las empresas que se hubieran comprometido en el AÑO 0 a incrementar sus empleados indefinidos un 10% y lo hubieran cumplido en el AÑO 1, 2 y 3

En el caso de los trabajadores autónomos se daría por cumplido el objetivo cada año si mantienen ininterrumpidamente su actividad.

Esta medida no tendría valor en sí mismo y es solo un acompañamiento a las empresas y trabajadores que consigan cambiar nuestro modelo productivo. Si no sirve para profesionalizar e internacionalizar las empresas sería inútil.

Algunos de los riesgos de una medida así serían:

– Podría generar tensiones de tesorería en las cuentas de la seguridad social

– Llueve sobre mojado después del plan E o el cambio de gobierno que iba a traer la confianza en España (la población está, o debería estar, escarmentada de medidas estrella)

– Si se implantara pronto y tuviera éxito podría menoscabar la percepción de urgencia con que ha de promoverse la reforma de la administración pública, y es cierto que también podría comprometer el equilibrio que se está logrando en la balanza exterior

– Podría perjudicar a las empresas más débiles, que verían cómo sus competidores se fortalecen

-Podría favorecer un efecto sustitución de empleo entre outsidersinsiders

– La volatilidad del efecto neto de esta medida es notable y no permite anticipar si tendrá coste para las cuentas públicas, ya que al balance de la seguridad social donde se podrían sumar cotizantes y reducir cuotas habría que sumar el efecto del incremento de IRPF e IVA de los trabajadores que se incorporen al mercado laboral.

La principal ventaja de esta propuesta es que permitiría acelerar el cambio de ciclo, y así reducir el coste de oportunidad que genera la destrucción de capital humano que supone esa inmensa masa a la espera de un cambio de ciclo que no vendrá mientras los gobernantes no frenen la presente deriva.

Supone un claro incentivo para las empresas que se dispongan a dar un paso adelante. A diferencia de los ya mentados 100 trukis del gobierno SuperPop, no distingue si son nuevas, si los CV que reciben son de menores de 30, de pelirrojos o de zurdos. Buscar a candidatos concretos reduce el potencial de creación de empleo y termina perjudicando a quienes se quiere beneficiar. La variable contratados indefinidos es muy clara en este sentido.

Para los autónomos, el efecto sería modesto: unos 1.000 euros en 3 años. Para las empresas, sus márgenes podrían mejorar hasta en 2 puntos porcentuales.

No soy tan naif como para creer que sin expectativas de cartera de pedidos y acceso a la financiación pueda haber contrataciones, pero este estímulo permitiría incrementar la demanda nacional y bajar las cifras de paro mejorando la sostenibilidad de España y su capacidad de repago.

 

* En la que también participaron José Fernández-Albertos, Jesús Fernández Villaverde y Alberto Lapuente.

 

 

 

 

 

 

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